El diputado Juan Manuel Fuenzalida junto a su par Renzo Trisotti explicaron que la iniciativa busca eliminar la obligación de comunicar personalmente los procesos en contra de un migrante.
Los diputados que integran la comisión investigadora sobre la Criminalidad en la Macrozona Norte, Renzo Trisotti y Juan Manuel Fuenzalida, emplazaron a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a que patrocine y le otorgue urgencia a un proyecto de ley que presentaron en octubre del año pasado, y que busca facilitar los procedimientos de expulsión de los migrantes que se encuentran irregulares, permitiendo que las notificaciones puedan realizarse por medio de un diario de circulación nacional o regional, tal como se informan distintos procedimientos administrativos.
Esto, luego que la secretaria de Estado reconociera en dicha instancia que, en la actualidad, existen más de 20 mil expulsiones de extranjeros decretadas que no se han podido ejecutar, asegurando que la razón de ello es que justamente los procedimientos “tienen un trámite que es muy engorroso y que hace muy factible para la persona expulsada hacerse inubicable”.
Por lo mismo, los parlamentarios gremialistas recordaron que, ante el bajo número de expulsiones administrativas que ha ejecutado el gobierno, presentaron un proyecto para que, en vez de que la notificación de expulsión se realice de manera personal al afectado y en dos oportunidades -como lo establece la actual normativa-, se permita entregar dicha información por medio de algún diario de circulación masivo durante tres días consecutivos, como por ejemplo ocurre con las demandas judiciales cuando no es posible determinar la ubicación de la persona involucrada.
“Todos sabemos, y la ministra con mayor razón aún, que los extranjeros irregulares que han participado en algún delito se van cambiando permanentemente de domicilio para no ser ubicados por la autoridad. Por lo tanto, es absolutamente inviable que sigamos con la actual normativa, en la que los afectados deben ser notificados personalmente, en dos oportunidades y, además, se ven beneficiados por distintos plazos y diligencias que le restan eficiencia al procedimiento de expulsión”, cuestionaron los diputados UDI, quienes manifestaron que “más que advertir sobre la realidad que todos ya conocemos, la ministra debió llegar con una solución para agilizar todas esas expulsiones”.
En esa línea, Trisotti y Fuenzalida advirtieron que “estamos más bien frente a un problema de voluntad política que administrativo”, aludiendo a la decisión del Presidente Boric y de los ministros Jackson y Vallejo de acudir -como diputados- al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto distintos artículos de la Ley de Migraciones que precisamente permitían agilizar los procesos de expulsión.
“Si hoy tenemos procesos ‘muy engorrosos’, como lo reconoce la propia ministra Tohá, es porque básicamente el Presidente Boric y parte importante de su gabinete, además de parlamentarios del FA y el PC, se opusieron sistemáticamente a que las expulsiones fueran más expeditas”, señalaron los parlamentarios gremialistas, quienes si bien valoraron el avance del proyecto que permite notificar las expulsiones por medio de correo electrónico, calificaron la medida como “insuficiente”.
