El parlamentario junto a los legisladores Gustavo Benavente y Felipe Donoso sostuvieron que este tipo de llamados se han constituido en una práctica habitual, poniendo en jaque situaciones de emergencia a las que deben acudir bomberos, Carabineros, grupos de rescate marítimo y ambulancias, entre otros.
Con el propósito de exigir el pago de una multa a beneficio fiscal a los responsables del delito de falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública, los diputados Juan Manuel Fuenzalida, Gustavo Benavente y Felipe Donoso, presentaron un proyecto de ley que sancione dicha conducta con una multa que podría variar entre 20 ($1.247.760 app.) y 80 ($4.991.040 app.)unidades tributarias mensuales (UTM) y que de igual manera “se establezca la posibilidad de que el padre, madre o representante legal se haga cargo del pago de la multa en aquellos casos en que el responsable sea un menor de edad”.
Los parlamentarios gremialistas explicaron que “durante las últimas décadas se ha suscitado una lamentable situación que pone en riesgo la estabilidad psicológica de las personas y que despliega costosas operaciones para las instituciones encargadas de prestar auxilio en casos de emergencia, lo cual se intensifica aún más en un contexto como el que hemos experimentado los últimos años a causa de sismos, incendios, hechos delictivos y la propagación del Covid-19”.
En ese contexto, indicaron que dichos hechos “los constituyen las falsas alarmas, las cuales se manifiestan principalmente mediante llamados telefónicos conocidas coloquialmente como pitanzas. Los responsables de estos hechos tienen ánimo de engañar a la población con objeto de poner en marcha servicios que actúan en situaciones de emergencia, tal como lo son carabineros, bomberos, grupos de rescate marítimo y ambulancias, entre otros”.
“Estos actos atentan deliberadamente en contra del orden y seguridad pública de la nación, y ponen en riesgo la integridad psicológica de las personas que son engañadas, lo cual incluso puede poner en riesgo la vida. Es de público conocimiento que muchas personas sufren de fobia ante situaciones de riesgo, lo cual les puede generar ataques de pánico e incluso ataques cardíacos”, agregaron los legisladores.
“Los procedimientos que se ejecutan durante situaciones de emergencia cuentan con un alto presupuesto”, argumentaron Fuenzalida, Benavente y Donoso, “pues muchas veces implica poner en marcha helicópteros, carros de bomberos, ambulancias e incluso aterrizajes de emergencia, generando un perjuicio en aquellas oportunidades en que realmente ocurre una catástrofe real”.
Finalmente, los diputados destacaron que si bien el ordenamiento jurídico vigente castiga penalmente este tipo de conductas, “es menester indicar que la pena asociada al delito en cuestión no es lo suficientemente disuasiva para inhibir estas reiteradas llamadas y para resarcir el daño económico provocado por el responsable, en virtud de lo cual se hace necesario incorporar multas cuantiosas”.
